Sí. Un menor de edad, o sea, una persona menor de 18 años de edad, sí puede ser propietaria de una vivienda en Cuba y de cualquier otra clase de bien. Lo que el menor de edad no puede es disponer de los bienes de su propiedad. Les explico:
Los menores de edad en Cuba son considerados por la ley como personas, o sea como sujetos de derechos y obligaciones al igual que los mayores de edad. Es decir que los menores de edad tienen la misma personalidad jurídica y la misma capacidad jurídica que las personas mayores de edad. La diferencia está en lo que se conoce como capacidad de obrar, o sea, la capacidad, la facultad de ejercer por sí mismos esa capacidad que la ley les otroga debido a la inmadurez que lógicamente implica su poca edad.
Para que se entienda bien, ahora sin tecnicismos jurídicos:
Una persona menor de 18 años en Cuba puede ser propietaria de una vivienda sin ninguna dificultad. O sea, cualquiera puede donarle una vivienda a un menor, también puede ser heredada una vivienda por un menor, etc. Lo que sucede es que en estos casos son los padres del menor o sus tutores si no los hubiere, son quienes comparecen en representación del menor ante los Notarios o demás funcionarios ante los cuales se legalice o formalice el acto por medio del cual el menor va a convertirse en dueño del inmueble. Los padres o tutores comparecen pero la vivienda finalmente es propiedad del menor de edad.
Ahora bien, un menor de edad no puede disponer de los bienes de su propiedad, o sea, no los puede vender, ni donar ni permutar. Solamente en casos excepcionales en los que sea estrictamente útil y necesario para el beneficio del menor la venta o permuta de una vivienda de un menor, esta puede ser autorizada por el Tribunal Municipal correspondiente a solicitud de sus padres o tutores y demostrando con pruebas fehacientes esa utilidad o necesidad.
miércoles, 27 de noviembre de 2019
La Pregunta de la Semana: ¿Puede un menor de edad ser propietario de una vivienda en Cuba?
miércoles, 20 de noviembre de 2019
DERECHOS Y CONFLICTOS EN TORNO A LA CONVIVENCIA
¿Quiénes
son legalmente los convivientes? ¿Puede el propietario determinar quién convive
en su vivienda? ¿Puede el propietario decidir cesar la convivencia de alguien?
¿Qué hacer cuando el conviviente no quiere abandonar la casa? ¿Quiénes tienen
derecho a la convivencia aún en contra de la voluntad del propietario?
Estas
y otras preguntas encuentran respuesta en el presente artículo, así que sigue
la lectura y quedarás bien informado.
Sumario:
2. ¿Qué es la convivencia?
3. ¿Qué tiempo hay que residir en una vivienda para ser conviviente?
4. ¿Quién determina qué personas conviven en una casa?
5. ¿Cómo cesar la convivencia de una persona?
6. ¿Quiénes tienen derecho a mantener la convivencia?
7. ¿Estar en la Libreta de Abastecimientos da derecho a la convivencia?
8. ¿Qué pasa con los convivientes en caso de compraventa, donación o
permuta?
¿Quiénes son los convivientes?
La
Ley establece que se consideran “convivientes” a las personas que residen con
el propietario y forman parte del grupo familiar que ocupa la vivienda, aunque
no tengan relación de parentesco alguno con el propietario y siempre y cuando no
se trate de una ocupación ilegal.
O
sea, que toda persona que legalmente resida en una vivienda junto con su
propietario es un conviviente.
¿Qué es la convivencia?
De
manera que la “convivencia” no es otra cosa que el hecho de compartir la
residencia en una vivienda, o sea, vivir junto con otra persona, convivir con alguien más en su vivienda.
Me
gustaría aclarar que convivencia no es meramente dormir en una vivienda o
permanecer en ella, o estar recluido a una habitación o parte de una vivienda,
no es tampoco “tener derecho a un cuarto” en una vivienda como a veces se
escucha a las personas decir. El conviviente reside en la vivienda, participa
en la vida doméstica de esa vivienda y accede a todas las habitaciones y
servicios de la vivienda junto con las demás personas que viven en ella.
¿Qué tiempo hay que residir en una vivienda para ser
conviviente?
Bueno,
la realidad es que la ley no habla de esto, o sea, no fija un término mínimo de
residencia en una casa para ser considerado conviviente. Porque en realidad la
ley define a una persona como “conviviente” no tanto por el tiempo que lleve
viviendo en la casa sino más bien por su integración, su pertenecia al núcleo
familiar de esa casa.
Por
supuesto que una persona que viva una semana o unos días en una vivienda no
puede pretender ser un conviviente, porque esta condición exige por supuesto
cierta estabilidad y perdurabilidad en el tiempo, pero siempre, insisto, ligada
a una condición más importante: los vínculos con el núcleo familiar de esa
casa.
Esta
es una cuestión que debe ser valorada casuísticamente, o sea, en cada caso
concretamente y siempre va a depender de la interpretación que se de a lo que
establece la ley.
Por
ejemplo, puede darse el caso y de hecho se da de jóvenes que viven en el campo
y para poder tener derecho a estudiar en determinada escuela, hablan con un
pariente o amigo que resida en la localidad donde se encuentra ubicada esa
escuela para cambiarse la dirección a su casa y así lo hace y de hecho va a esa
casa los fines de semana, duerme de ves en cuando, pero el resto del tiempo lo pasa
en su escuela. Y así pasa los cinco años de su carrera. Legalmente el domicilio
de esa persona es la casa de su pariente o amigo, porque es el que le aparece
registrado en su carné de identidad, sin embargo esta persona difícilmente
pueda ser considerada conviviente de esa vivienda porque no hace vida cotidiana
en ella, no forma parte del núcleo familiar de esa casa.
Por
otro lado, supongamos que un hombre es propietario de una casa y se casa con
una mujer la cual pasa a residir con él en esa casa y lleva todas sus
pertenencias allí, en esa casa duerme, prepara la cena, ve TV, lava su ropa,
hace compras, etc, en fin hace vida en común con su esposa. Esta mujer ya puede
ser considerada como conviviente prácticamente a la semana de vivir allí porque
forma parte del núcleo familiar de la casa. Ah, claro, en ese caso es solo una
conviviente pero no una conviviente especialmente protegida, porque para ello
entonces tendría que pasar viviendo en esa casa en esas condiciones no menos de
tres años y muy importante: no tener otro lugar a donde ir a vivir. Pero
conviviente si es casi desde que pasó a vivir allí. Porque lo hizo no como una
extraña, como alguien de paso, temporal, pasajero, ocasional, sino como parte,
como miembro de esa familia. De eso es en definitiva de lo que se trata.
¿Quién determina qué personas conviven en una casa?
El
propietario de la vivienda -el dueño- es quien decide libremente qué personas
conviven en su casa. Quiero insistir en que el dueño de la casa es la única
persona que puede decidir quiénes pasan a residir en su vivienda, sin
limitación alguna. O sea, que la ley no concede a nadie el derecho a residir en
una casa, nadie puede reclamarle al dueño tener derecho a residir en su caso y
ni las autoridades administrativas ni judiciales pueden reconocer un derecho de
convivencia a nadie.
Ahora,
cosa distinta es cuando ya una persona convive en la vivienda y entonces el
propietario quiere dar por terminada esa convivencia, porque en estos casos la
ley si prevé una protección especial para determinados convivientes.
De
ahí la importancia de que el propietario valore bien al momento de decidir si
una persona va a ser o no conviviente suyo. Porque en esa decisión nadie puede
interferir, ni siquiera la ley, pero una vez que el propietario le conceda a
alguien la condición de conviviente, para retirarle esa condición sí existen
algunas limitaciones legales.
¿Cómo cesar la convivencia de una persona?
Como
ya dije es el dueño de la casa el que decide libremente quién va a residir en
la casa y quien no. Y también es el dueño quien puede en cualquier momento dar
por terminada la convivencia de una persona en su casa y esto lo puede hacer
por sí mismo, sin necesidad de intervención ni declaración alguna de tribunal
ni otro órgano o autoridad. Esto significa que el propietario puede decirle a
cualquier conviviente en cualquier momento: Mira,
ya no quiero que vivas en mi casa, por favor recoge tus cosas y vete.
E
incluso el dueño puede recogerle las cosas al conviviente y sacarlas de su
vivienda y tomar las medidas para que esa persona no tenga más acceso a la
casa, como retirarle las llaves o cambiar la cerradura de la puerta, etc.
Ahora,
si a pesar de la decisión del dueño, el conviviente se opone a irse de la casa
y permanece en ella en contra de la voluntad expresa y manifiesta del
propietario, entonces el propietario puede acudir ante la Dirección Municipal
de la Vivienda de su localidad o la Oficina de Trámites de la Vivienda (si esta
existe en su localidad) y establecer una Reclamación de Cese de Convivencia
contra esa persona que no quiere irse de su casa.
También
puede acudir a un Bufete Colectivo y contratar los servicios de un abogado para
que sea este quien lo represente y establezca dicho proceso legal. De hecho,
recomendamos siempre hacer esto cuando se trate de un Cese de Convivencia
porque existen en este tipo de casos algunas particularidades técnicas que solo
un abogado puede explicar y tener en cuenta. En todo caso debe aportar el
Título de Propiedad de su vivienda y los datos bien claros del conviviente que
desea cesar, especialmente los referidos a su centro de trabajo si lo tuviere.
Una
vez presentada la Reclamación de Cese ante Vivienda y admitida esta, la
Dirección de Vivienda contactará con el conviviente reclamado, le entregará una
copia de la reclamación y lo emplazará dándole diez días hábiles (no se cuentan
los días no laborables) para que conteste la misma. Para eso el reclamado puede
también contratar un abogado y de hecho recomendamos que lo haga.
Si
el conviviente reclamado, una vez emplazado, no contesta la reclamación en el
tiempo concedido para ello, sencillamente se le tendrá como conforme con la
reclamación.
Una
vez que el conviviente reclamado conteste o si pasan los diez días que le
dieron para ello sin que conteste, la Dirección de Vivienda pasará a practicar
las pruebas necesarias, tales como documentos, testigos, etc. Y hecho esto el
Director Municipal de la Vivienda dictará una Resolución mediante la cual se
decida el caso accediendo o no al cese de convivencia solicitado.
En
la misma Resolución, que deberá ser notificada al propietario reclamante y al
conviviente reclamado, la Dirección de Vivienda cuando accede al cese de convivencia
solicitado, le concederé al conviviente 30 días para que abandone la casa por
su cuenta y le advertirá que si no lo hace se le descontará el 30 % de su
salario u otros ingresos que reciba él y cualquier otra persona de su núcleo
familiar que resida en la casa junto con él. Si esta situación perdura por más
de tres meses, entonces se procederá a elevar ese descuento al 50 % por el
tiempo que dure la ocupación de la casa.
Debo
aclarar que la decisión de la Dirección de Vivienda puede ser impugnada por el
que esté inconforme ante el Tribunal Provincial correspondiente y para ello se
cuenta con un término de 30 días hábiles (se descuentan los días no laborables
para el Tribunal como sábados, domingos, feriados, etc) que deben contarse a partir de la fecha en
que la Resolución fue notificada al inconforme. Y la decisión del Tribunal en
este caso también puede ser “apelada” ante el Tribunal Supremo.
Ahora
bien, si la persona cuya convivencia desea cesarse no tuviera centro de trabajo
estatal, entonces el asunto se complica pues no se le pueden hacer esos
descuentos y la Dirección de Vivienda solo puede sacarlos de la casa por la
fuerza, con auxilio de la Policía si se trata de personas de clara conducta
antisocial.
Por
eso, insisto, es muy importante en primer lugar que el propietario de una
vivienda ejerza con mucha conciencia su derecho a decidir qué personas vana a
residir en su caso y en segundo lugar que en caso de necesitar dar por
terminada la convivencia trate de ejercer este derecho por sí mismo adoptando
medidas eficaces porque cuando acudan a la “ley” con este fin van a encontrarse
con un proceso largo y tortuoso, que puede durar hasta un año o más y al final
pocos mecanismos para hacer efectivo lo que se disponga.
¿Quiénes tienen derecho a mantener la convivencia?
La
ley establece excepciones a la facultad del propietario de una vivienda para dar
por terminada la convivencia de algunas personas que bien pudieran ser llamadas
“convivientes especialmente protegidos”, veamos cada caso en detalle:
- Ascendientes y descendientes del
propietario: es decir, padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, etc así
como hijos, nietos, bisnietos, etc; esto significa que el propietario nunca
puede dar por terminada la convivencia de personas que tengan tal grado de
familiaridad con él; sin dudas el propósito de la ley en este caso es
salvaguardar la familia como ente social superior.
- Madre con uno o más hijos habidos en el
matrimonio, formalizado o no, con el
propietario siempre que ella tenga la guarda y
cuidado de los hijos y no tuviere otro lugar de residencia: creo que resulta bien claro y no necesita muchas explicaciones; si
usted es propietario de su casa y en su casa convive una mujer con uno o más
hijos suyos y no tiene otro lugar para donde irse, sencillamente usted no puede
cesar su convivencia, en buen cubano, usted no puede sacarla de su casa. Se
trata aquí por supuesto de proteger a los menores, para que estos no vayan a la
calle; este es el típico caso que se da cuando una pareja con hijos comunes se
divorcia y hasta ese momento residían en una casa que es propiedad solo del
esposo; téngase en cuenta que no se exige en este caso término alguno para la
convivencia, basta con que se trate de la madre de sus hijos y sin importar el
tiempo que lleve viviendo en la casa, sencillamente tendrá derecho a permanecer
en la vivienda mientras no tenga otro lugar para donde irse.
- Madre con uno o más hijos menores que
llevan tres o más años ocupando la vivienda y no tuvieren otro lugar de
residencia: este caso es semejante al anterior, la diferencia es que los
hijos habidos no son del propietario; esto se da por ejemplo cuando se divorcia
o separa un matrimonio o pareja que residía en la casa del hombre y la mujer
tiene hijos menores de edad que no lo son de él; aquí si se exige además de no
poseer otro lugar para vivir, un requisito de tiempo: la mujer debe llevar
viviendo en la casa al menos tres años, fífese bien tres años, no seis meses como a veces piensan las personas.
- Ancianos que llevan tres o más años
ocupando la vivienda y no tuvieren otro lugar de residencia: en este caso
tampoco se exige vínculo de parentesco entre el propietario y el conviviente,
basta que se trate de personas ancianas y deben llevar viviendo en la casa al
menos tres años; de lo que se trata
es de proteger a ese sector de la población que es muy vulnerable; la ley no
especifica qué debemos entender por personas “ancianas” pero en la práctica
generalmente se entiende como tal a las personas de más de 65 años de edad.
- Cualquier otro caso que a juicio de la
autoridad competente constituya una manifiesta injusticia o un acto inhumano:
esta excepción a la facultad del propietario es muy abierta y depende de lo que
los funcionarios de las Direcciones de Vivienda o los Tribunales consideren
como “manifiesta injusticia” o “acto inhumano”; o sea que en este caso de lo
que se trata es de que la ley le da a la autoridad competente facultad para
proteger a otros casos o personas que aunque no estén previstas en las
situaciones anteriores, realmente necesitan protección. En este caso la ley
antepone la “justicia” y la “humanidad” al derecho de propiedad que ostente una
persona. Para evitar extremos o aplicaciones favoritistas de este precepto, lo
mejor sería que la ley misma definiera los parámetros o principios para
determinar cuando estamos en presencia de uno de estos casos, sin embargo queda
a la conciencia de los operadores de la ley.
Quiero
aclarar esta pregunta bien porque escuchamos preocupaciones y temores de muchas
personas con respecto a la convivencia y la Libreta de abastecimientos. Las
personas muchas veces consideran que si alguien está incluido en la “libreta”
de la cuota ya automáticamente tiene derecho y no puedes terminar su
convivencia, pero esto es un error.
En
primer lugar la Libreta de abastecimientos o de la cuota, no es un documento
legal, solo está diseñada para distribuir los alimentos normados de la canasta
básica, nadie adquiere o pierde derecho sobre una vivienda o referidos a la
convivencia por el mero hecho de estar incluido en la “libreta”. Solo las
personas que cumplan alguna de las condiciones antes mencionadas son protegidas
por la ley en caso de un cese de convivencia sin importar si están o no en la
libreta de esa vivienda.
En
última instancia el estar o no incluido en una Libreta de comida solo puede ser
considerado como una prueba de que la persona formaba parte del núcleo familiar
de esa casa, pero incluso en este caso no se trata de una prueba definitiva,
pues se da el caso de personas que están en una “libreta” y nunca han residido
en la vivienda en cuestión, y viceversa, personas que llevan años conviviendo
en una vivienda pero nunca han estado en la Libreta de abastecimiento de esa
familia.
Por
lo cual, insisto, la inclusión o no en la “libreta” de comida no es realmente
importante cuando se trata de un cese de convivencia; lo realmente importante
es definir y demostrar si el conviviente se encuentra en alguno de los casos
antes enumerados; de ser así el propietario no puede sacarlos de su casa, pero
en caso contrario sí puede sacarlos.
¿Cuánto tiempo se debe residir en una vivienda para
tener derecho a la convivencia?
Lo
primero que debo aclarar es que el tiempo de residencia en una vivienda, por sí
solo no es suficiente para que alguien adquiera derecho a la convivencia. O
sea, nadie adquiere especial protección como conviviente por vivir en la casa
determinado tiempo.
La
ley lo que prevé es que el propietario de una vivienda no puede cesar la
convivencia (o sea, sacar de la casa) a las personas que se encuentren en las
situaciones arriba explicadas. En algunos casos el tiempo de convivencia es un
requisito como es el caso de las madres con hijo(s) menor(es) y los ancianos
que no sean familia del propietario, en estos dos casos se exige que las
personas lleven viviendo en la casa al menos tres años pero además se exige que
no tengan otro lugar de residencia. Si estas personas llevan diez, veinte o más
años viviendo en la casa pero poseen otro lugar de residencia, sencillamente no
son “convivientes especialmente protegidos” y puede ser cesada su convivencia
en cualquier momento.
Por
otro lado si se trata de los padres o los hijos del propietario o sencillamente
de otros ascendientes o descendientes de este, el tiempo de convivencia es
irrelevante, no importa, porque aunque lleve pocos meses o muchos años, nunca
van a poder ser cesados en su convivencia, porque en este caso lo importante no
es el tiempo de convivencia sino el parentesco con el conviviente.
O
sea, que la cuestión del tiempo de convivencia es relativa y debe ser analizada
casuísticamente, es decir debe analizarse concretamente en dependencia del caso
específico de que se trate.
En
todo caso sí quiero dejar bien sentado que la ley en ninguna parte prevé un
período de seis meses como requisito
o condición para adquirir derecho a la convivencia. Lo digo porque es una
opinión generalizada entre la población y escuchamos a personas que dicen: Si dejas que viva en tu casa más de seis
meses no la puedes sacar… Nada que ver.
¿Qué pasa con los convivientes en caso de compraventa,
donación o permuta?
La
ley establece que cuando una persona va a vender, permutar o donar una
vivienda, debe garantizar una solución apropiada para los convivientes que se
encuentren en los casos arriba enunciados y debe hacer una Declaración Jurada
al respecto en el mismo documento en el que conste tal acto.
La
ley establece además que la violación de este mandato es causa para que se
anule y deje sin efecto el acto realizado (compraventa, permuta, donación).
Es
decir, que por ejemplo, si una persona convive en su casa con su ex esposa y el
hijo menor de edad de ambos y estos no tienen otro lugar donde vivir, y esa
persona vende la casa y deja en la calle a su ex y su hijo menor de edad, esta
debe reclamar ante el Tribunal y este debe anular la compraventa realizada.
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